“La filtración de documentos secretos al diario El País, en los que se muestra que el Gobierno de José María Aznar autorizó el paso por España de vuelos estadounidenses con prisioneros destino a Guantánamo, han tenido un efecto boomerang sobre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los numerosos interrogantes que ha generado la aparición de estos informes, que el Gobierno asegura no conocer y no haber encontrado en sus archivos, ha cortado en seco la posibilidad de que el PSOE pueda atacar políticamente al PP por su supuesta colaboración con los llamados vuelos de la CIA.

Además, la información revelada por el diario del grupo Prisa ha colocado a Zapatero en una complicada situación: […] el actual presidente del Gobierno sería, en términos legales, igual de responsable que su predecesor, ya que no anuló o denunció el acuerdo entre los ejecutivos de Aznar y George W. Bush. Para la doctora Mª Ángeles Ruiz, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Complutense, un acuerdo entre dos países se mantiene aunque haya un cambio de Gobierno y su ruptura, en caso de que sea unilateral, debe estar justificada. Pero, en este caso, el Ejecutivo de Zapatero no hizo nada al respecto.

En cuanto a que la autorización para los vuelos con prisioneros sea secreta, Ruiz señaló que es inconstitucional, ya que vulneraría al menos un artículo de la Carta Magna. Concretamente el 94, que establece que todos los tratados o convenios de carácter político y militar, así como aquellos que afecten a la integridad territorial y a los derechos fundamentales deben ser aprobados previamente por las Cortes Generales.”

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